«Hoy, en que podemos leer lo recientemente publicado por Ciper y otros medios de investigación periodística, relativo a las razones por las cuales parte de la población perteneciente a comunas populares terminó votando por desaprobar el proyecto de Nueva Constitución, da clara y triste cuenta de que la mayoría no leyó el texto y que se formó las ideas que llevó a las urnas por medio de lo que le decían los comandos en la calle o en las ferias, por medio de memes o campañas “reel” en las redes sociales más traficadas, por una amplia sucesión de comentarios desinformativos o deliberadamente “enredados” a la hora de explicar lo contenido en el texto del borrador constitucional, que ni las radios ni los canales de televisión dudaron en difundir, ni mucho menos cuestionaron fuertemente al momento de hacerlo».
“Cuando hay que hacer un cambio verdadero
un cambio por mejor vida más digna pal pueblo entero
Por una sociedad más justa oculta en busca de emancipación
¡Maldición! Al pueblo le asusta la revolución.”
Portavoz
El 23 de junio de 2016, Britania decidió abandonar la Unión Europea, para lo cual convocó a unos comicios en los que el 51,9% de los votantes optaron por dicha resolución, lo que significó que, en marzo de 2017, el gobierno británico invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, con lo que iniciaría un proceso de 2 años, que finalmente culminaría con la salida definitiva de la comunidad por parte del reino, el 29 de marzo de 2019. Debido a disputas intestinas, dicho plazo no se cumplió y debió reprogramarse hasta 3 veces más, teniendo lugar de manera definitiva, el 31 de enero de 2020. Esta polémica iniciativa fue propiciada principalmente por políticos de derecha (aunque también se contó entre sus filas a algunos partidarios de izquierda) denominados euroescépticos, movimiento político y social caracterizado por su rechazo, en mayor o menor medida, a la Unión Europea y sus implicancias (como el libre tránsito transfronterizo del que pueden gozar todos los miembros de la comunidad), a quienes se oponían los proeuropeos, comprendidos por todo el resto del espectro político, quienes sostienen las virtudes de la membresía, la unión aduanera y el mercado común.
Entre las primeras víctimas de la iniciativa, estuvo el mismísimo primer ministro que llamó a las elecciones de 2016, David Cameron, quien no obstante aquello, propiciaba la permanencia, mientras que su coalición abogaba por la salida. Cameron fue sucedido por Theresa May, con quien se concretó finalmente la dimisión. Durante el periodo comprendido entre la firma del tratado y la separación definitiva de Reino Unido con el resto de sus vecinos, tuvo lugar un periodo de “gracia” o de “transición” que se extendió hasta el último día del mismo año 2020, en el que siguieron formando parte del mercado europeo y ni los ciudadanos ni las empresas acusaron grandes cambios. Los problemas comenzaron a hacerse visibles cuando el reino definitivamente ya no tenía lazos comunes con sus pares y empezaron a enfrentarse comercialmente (y también en todos los demás aspectos). Desde cuestiones complejas como establecer regímenes y tasas aduaneras convenientes para ambas partes (sobre todo para Inglaterra, que poco a poco despertaba así a las consecuencias de su propia decisión), hasta otras que se pueden considerar más frívolas, como el estado y condiciones de permanencia de los jugadores extranjeros de futbol, que componían la nómina de los más afamados equipos, fueron haciendo que la población comenzara a dudar de qué es lo que habían votado realmente.
En febrero de este año, un informe del Parlamento Europeo dio cuenta de que los votantes, concurriendo a las urnas claramente desinformados o, incluso, en algunos casos intencionalmente mal informados, dieron origen a un resultado que, de haberse llevado a cabo una efectiva campaña de información, probablemente habría sido distinto. “Los ciudadanos británicos tenían escaso conocimiento sobre la Unión Europea (…) fueron engañados y no se les advirtió de las consecuencias de dejar la unión”, señala lapidariamente el documento, agregando que uno de los aspectos más críticos de la situación es la que guarda relación con que a la ciudadanía nunca se le informó cuál, cómo, y qué costo tendría la relación de su país con el resto de la Unión Europea, una vez que abandonaran el pacto. Siendo el epítome de estas negativas consecuencias (en cuanto al impacto de la decisión, significando diferencias sustanciales dentro de un mismo territorio) lo relativo a Irlanda del Norte, que, siendo parte del Reino Unido, quedó en una situación de “ventaja” respecto del resto del reino, al compartir frontera terrestre con la República de Irlanda, que sí es parte de la Unión. En el informe se condena la escasa participación y compromiso tanto de los medios de información, como de parte del parlamento proeuropeo, quienes reaccionaron muy tibiamente frente al gobierno de turno, el que se limitó a declarar que “el pueblo británico votó a favor de abandonar la Unión Europea y el gobierno cumplió con ese resultado. Iremos más lejos y más rápido para cumplir la promesa del Brexit y aprovechar el enorme potencial que traen nuestras nuevas libertades”.
Medios conservadores o ligados a ideas de derecha, como The Sun, cuyo titular para el día de los comicios fue el de Independence Day, o la supuesta petición hecha por la hoy fallecida Reina, quien según su propio biógrafo solicitaba tres buenas razones para la permanencia, y que fue publicada por The Daily Beast, tuvieron un fuerte impacto en la población. Todo lo anterior terminó decantando en una ley de medios y privacidad, en agosto del año pasado, fuertemente centrada en lo relativo a la información digital, pero a la inversa de lo que comúnmente se podría pensar sobre regulación a los medios de información (sobre todo considerando lo informado por el Parlamento Europeo). Según Oliver Dowden, secretario de Estado en lo Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del cuestionado gobierno de Boris Johnson, de lo que se trataba era de “terminar con la burocracia innecesaria” refiriéndose de ese modo a ese modelo “todo en uno” que mantiene la Unión Europea, en el que según Dowden se “pone en el mismo nivel a las entidades benéficas, pymes y gigantes tecnológicos”, en cuanto a tráfico y acceso a la información se refiere.
Libertad en riesgo, irrelevancia de ciertos medios respecto de otros… Suena inquietantemente cercano, ¿no?
No era el único programa político que lo contenía, pero sí ese en el cual se centraron las críticas en la época de campaña de elecciones primarias aquí en Chile, hace un año atrás. Justamente apelando a restricción de libertades, es cómo se criticaba y condenaba la iniciativa del programa político de la candidatura a la presidencia del alcalde Daniel Jadue, el que promovía la creación de un sistema de medios públicos, una ley de medios y hasta un eventual Ministerio de Información, de llegar a ser necesario, lo que en términos bien sencillos, se traduce en que, quien faltara al derecho a la información (poniendo obviamente el énfasis en el qué se informa, porque difundir falsedades es desinformar, no “informar desde otra óptica”) no podría seguir teniendo la concesión para seguir informando. En alguno de los debates en que defendió la idea, el entonces candidato señaló que es necesario regular los medios, de manera que se «asegure pluralidad y objetividad en la información«. Cuestión que suena de lo más sensata.
Las respuestas desde los gremios aludidos no se hicieron esperar. Desde la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) emitieron un comunicado público señalando que «la experiencia demuestra que quienes temen al escrutinio público buscan formas para coartar la libertad de expresión, intervenir la línea editorial y de programación de los medios y afectar el pluralismo». La Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), por su parte, manifestó que «El régimen concesional del espectro radioeléctrico vigente en Chile fue instaurado y perfeccionado sucesivamente en democracia y responde plenamente a los estándares de legalidad y transparencia de un Estado de Derecho». En ningún punto del programa del candidato comunista, cabe agregar, se ponían en entredicho ni la libertad ni la pluralidad ni la transparencia. Todo lo contrario, se buscaba asegurar las mismas, justamente limitando las posibilidades de difusión de falsedades o tergiversaciones claramente mal intencionadas, en muchos casos. La manera en que La Moneda, durante la administración de Sebastián Piñera, limitó arbitrariamente el acceso a los medios independientes constituye, de hecho, una de las buenas razones por las cuales sigue siendo necesario que exista un marco regulatorio consensuado y claramente delimitado, en lo que a canales de información se refiere. Pero no, la condena transversal buscó equiparar mandatos dictatoriales con ideas como las de Jadue.
El Mercurio, sí, El Mercurio, publicó al respecto senda editorial en la que señaló vigorosamente que “Chile ha sufrido en el pasado importantes limitaciones a la libertad de expresión y de prensa, y por ello se podría pensar que el país ha superado ya esas etapas de riesgo, pero no parece ser así”. Así, como que nada ha pasado, y por supuesto, como que ellos mismos en nada han tenido que ver con la manera en que se ha desarrollado nuestra historia reciente.
Hoy, en que podemos leer lo recientemente publicado por Ciper y otros medios de investigación periodística, relativo a las razones por las cuales parte de la población perteneciente a comunas populares terminó votando por desaprobar el proyecto de Nueva Constitución, da clara y triste cuenta de que la mayoría no leyó el texto y que se formó las ideas que llevó a las urnas por medio de lo que le decían los comandos en la calle o en las ferias, por medio de memes o campañas “reel” en las redes sociales más traficadas, por una amplia sucesión de comentarios desinformativos o deliberadamente “enredados” a la hora de explicar lo contenido en el texto del borrador constitucional, que ni las radios ni los canales de televisión dudaron en difundir, ni mucho menos cuestionaron fuertemente al momento de hacerlo. Así, lo que hoy se sabe, aun sin poder determinar del todo (o eso nos seguirán diciendo) que lo que realmente desencadenó los resultados de las últimas elecciones, es que las ideas que más abundaban entre quienes votaron rechazo fueron las relativas a que el Estado se apropiaría de las viviendas, que los fondos de pensiones no serían heredables, que se dividiría el país, que existiría un aborto “descontrolado” y también la expresión de un voto de castigo al gobierno, en cuyo seno la no aprobación de un quinto retiro de los fondos de AFP juega un rol ciertamente relevante.
Todos quienes hemos leído el verdadero borrador, sabemos que los aspectos señalados son groseras mentiras difundidas con la finalidad de sembrar temores absolutamente infundados, y lo consiguieron.
¿Dígame usted, si no es urgente una ley de medios, en este preciso momento en que, mientras escribo estas letras, Chile Vamos intenta imponer sus reglas para dar o no continuidad al proceso de redactar una nueva carta magna? Por supuesto que sí, se hace muy necesaria, como tantas otras cosas que nos pondrían a la vanguardia entre esas naciones del primer mundo a las que tanto nos gusta equipararnos, puesto que pondría límites a los mismos grupos y amigos de siempre que siguen sacando gruesos réditos de la inexistencia de una ley de medios que limite, de una vez por todas, su déspota y siempre interesada “ley de miedos.”
